La radiodifusión de la mano dura

Después de veinticinco años ininterrumpidos de “democracia”, en la Argentina aún siguen quedando rastros de las épocas más oscuras de nuestra historia. Tal es así, que nuestros medios radiales y televisivos se siguen rigiendo por una ley establecida durante la última dictadura militar y firmada por el presidente de facto de aquel entonces, Jorge Rafael Videla.

La sociedad parece no notar este fenómeno y utiliza los medios creyendo que están dentro de un marco de total democracia, igualdad y libre expresión. Evidentemente, esto no es así ya que los puntos de esa ley redactada, en años en los que lo que menos había era igualdad y libertad, responden a intereses de un sector determinado, tanto político como económico.

Es cierto que, teniendo en cuenta el sistema en el que vivimos hoy, algunos puntos se anularon o se sustituyeron por otros para que la vieja ley pueda encajar y seguir vigente. No hay que olvidar que era ésta la ley en la que las Fuerzas Armadas se repartían la administración de los medios públicos entre sus divisiones. Vale recordar, además, que respondía a la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional.

Ahora, en la democracia burguesa, es el capital privado representativo de un solo sector el que tiene el control casi total de las licencias de radiodifusión. Grandes grupos con variedad de licencias de todo tipo, que están presentes en todas las áreas y que terminan usando a los clientes como consumidores y no como público receptor y heterogéneo.

Por otro lado, los medios públicos quedan siempre como herramienta del Gobierno de turno y no como un bien estatal que debería ser plural y servir a la población en su totalidad.Es por esto que la Coalición por una Radiodifusión Democrática propone en los puntos once y doce distribuir las licencias entre diferentes sectores como Estado, capital privado y sociedades civiles sin fines de lucro, para garantizar la expresión de todos los sectores sin discriminación alguna. Por eso, actores como las Fuerzas Armadas o funcionarios del Gobierno, son dejados de lado en esta distribución y para poder expresarse deberán hacerlo dentro del marco democrático propuesto.
El Gobierno, por su lado, tomó como disparador estos veintiún puntos que la Coalición propuso y ya está estudiando las claves para iniciar la reforma. Si respeta, al menos, la mitad de ellos, complicaría bastante a varios grupos multimediáticos que hoy se alinean de acuerdo a los intereses empresariales de turno. También es cierto que el oficialismo busca reemplazar la ley de acuerdo a intereses propios. Uno de los factores que hizo cobrar fuerza a la reforma es el modo que algunos medios utilizaron el conflicto con la burguesía agraria para tratar cierta información generando en la población una opinión poco favorable para el Gobierno.

Aunque la oposición tampoco se quedó atrás y afirma que esta intención del oficialismo por reformar la ley en este contexto, es una extorsión a los poseedores de las licencias. A partir de esto, buscan impulsar, una alternativa propia e instalar el debate en los sectores menos politizados. Algo que será difícil, es proponer puntos discordantes a los de la Coalición, ya que valga la redundancia, es una propuesta acordada pluralmente entre los más diversos sectores políticos y sociales.

Quienes critican la reforma, sorpresivamente, no son más que quienes entrarían en incumplimiento (aunque ya de por sí lo estén con la ley vigente). No es raro que Clarín saque artículos en los que la define como intentos de controlar a la prensa y privarla de su supuesta libre expresión. Si vemos un poco más allá, el Grupo Clarín es propietario de numerosas licencias tanto de radio como de televisión a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, por lo que estaría bastante comprometido ante una eventual alteración.

Además, hay que recalcar que la actual concesión de licencias está lejos de ser democrática y no resulta raro que los medios siempre están en las mismas manos de siempre. Para que todos quienes deseen participar en la radiodifusión activamente y deseen que se les otorgue una licencia, es necesario una reforma de la ley, y sobretodo, hacer énfasis en medidas antimonopólicas. Los medios de radiodifusión son del Estado, es decir, de todos nosotros y por eso no deben estar concentrados en un oligopolio.

Hay que tener en cuenta las declaraciones de la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana, la UNESCO, entre otras de igual importancia que afirman que la libertad de expresión, acceso a la información, la importancia de los medios comunitarios en la sociedad, el pluralismo informativo y la diversidad cultural son cuestiones elementales en los asuntos de DDHH. Entonces, actores sociales como las organizaciones no gubernamentales, sociedades sin fines de lucro y agrupaciones comunales, no pueden ser obviadas a la hora de repartir licencias.

Por todo esto, resulta más que importante para terminar de consolidar de una buena vez una democracia propiamente dicha, impulsar una reforma y participar activamente en el debate. Es indispensable repartir el control de estos medios a todos quienes cumplan un papel clave en la sociedad actual, como lo son el Estado, las organizaciones sin fines de lucro, pero más importante: el pueblo en su conjunto. Pero para garantizar todos estos derechos, es necesario hacer cumplir la ley, porque sin eso, sería igual de obsoleta y vergonzosa que la vigente.