Ley de radiodifusión: la propuesta del Gobierno nacional

Compañeros: El domingo pasado habíamos publicado nuestra visión sobre la importancia de una reforma a la ley de radiodifusión vigente impuesta por la dictadura genocida de Videla y compañía. Hoy, nos merendamos en los diarios que el Gobierno Nacional finalmente habría tomado en cuenta varios de los puntos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión democrática.

Verdaderamente, atrapados en tinieblas tan espesas como la de los nefastos monopolios Clarín, Hadad, entre otros, hay que reconocer la medida del Ejecutivo. Si bien podemos estar en contra con la mayoría de las cosas que hacen, dicen, proponen, deshacen y desdicen, también tenemos que reconocer lo que está bien y el riesgo asumido al enfrentarse a las fieras de los que manejan la información en el país -entre tantas otras cosas.

Igualmente, tomamos el anuncio con precaución. Debemos estar alertas a que se cumpla la base del mismo, que no es más que nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente, dejando de ser consumidores para ser activistas de la realidad que vivimos.

Aquí les dejamos los puntos que a priori el Gobierno dice que va a impulsar y les sugerimos que los comparen con quienes inicialmente formaron la vanguardia de esta iniciativa.

Para ver el documento de los 21 puntos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hagan clic aquí.

Para ver y comparar con lo anunciado por el Gobierno -la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)- basada en esos 21 puntos, sigan leyendo más abajo.

OBJETO DE LA REGULACION.

Ley 22.285: Unicamente se regulan los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias.

Ley SCA: El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión. El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.

LIBERTAD DE EXPRESION.
Ley 22.285: Está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo.

Ley SCA: Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.

AUTORIDAD DE APLICACION.
Ley 22.285: El organismo que regula la Radio y la TV está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.

SCA: El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.

LICENCIATARIOS.
Ley 22.285: La radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Las modificaciones operadas durante la década de los 90. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.

Ley SCA: Se permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro. Se reservará con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.

MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS.
Ley 22.285: Se admiten los monopolios y los oligopolios de medios. El Estado tiene una participación subsidiaria, ya que solo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados.

Ley SCA: Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios. Se promoverá el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.

MEDIOS PUBLICOS.
Ley 22.285: Solo se prevé su condición subsidiaria. Las Universidades deben ser titulares de licencias por explotación comercial en TV. Solo se preveía a ATC como empresa comercial.

Ley SCA: Se permitirá que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. Se propondrá un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social.

CONTROL PARLAMENTARIO.
Ley 22.285: No está previsto ningún control por parte del Congreso de la Nación.

Ley SCA: El control del Congreso de la Nación estará previsto para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor del Público. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SERVICIOS ABIERTOS.
Ley 22.285: Permite que una sola persona sea titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).

Ley SCA: Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos.

MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SISTEMAS POR SUSCRIPCIÓN
Ley 22.285: Los sistemas de TV paga no tienen limitaciones en relación a las licencias que puede poseer una misma persona, siempre que no estén en la misma zona de cobertura. Esto facilita la formación de monopolios.

Ley SCA: Las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado.

PLAZO DE LICENCIAS.
Ley 22.285: Las licencias duran 15 años y se pueden prorrogar por 10 años más.

Ley SCA: Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar 10 por años más, previa realización de Audiencias Públicas.

REQUISITOS PARA SER TITULAR DE UNA LICENCIA.
Ley 22.285: Se exigen requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales.

Ley SCA: Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.

TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD DE LAS LICIENCIAS.
Ley 22.285: Esta ley posibilita que mediante la utilización de sociedades por acciones, se esconda la verdadera titularidad de las licencias.

Ley SCA: Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias.

CONTENIDOS DE INTERES PUBLICO.
Ley 22.285: Se permite la codificación de las transmisiones deportivas, impidiendo el acceso abierto a la mayoría de la población.

Ley SCA: Este proyecto prevé que los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta.

MEDIOS DE PROPIEDAD SOCIAL.

Ley 22.285: No están previstos.

SCA: Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas.

COOPERATIVAS.
Ley 22.285: Su participación estuvo prohibida hasta el año 2005. Actualmente pueden participar en forma restringida.

Ley SCA: Se establecerá un régimen abierto de participación para las cooperativas. También se implementarán medidas tendientes a evitar abusos de posición dominante.

CINE NACIONAL.
Ley 22.285: No está previsto.

Ley SCA: Se establecerá una Cuota de Pantalla de Cine Nacional, como lo han hecho países como Francia o Brasil.

Fuente: Télam.

La radiodifusión de la mano dura

Después de veinticinco años ininterrumpidos de “democracia”, en la Argentina aún siguen quedando rastros de las épocas más oscuras de nuestra historia. Tal es así, que nuestros medios radiales y televisivos se siguen rigiendo por una ley establecida durante la última dictadura militar y firmada por el presidente de facto de aquel entonces, Jorge Rafael Videla.

La sociedad parece no notar este fenómeno y utiliza los medios creyendo que están dentro de un marco de total democracia, igualdad y libre expresión. Evidentemente, esto no es así ya que los puntos de esa ley redactada, en años en los que lo que menos había era igualdad y libertad, responden a intereses de un sector determinado, tanto político como económico.

Es cierto que, teniendo en cuenta el sistema en el que vivimos hoy, algunos puntos se anularon o se sustituyeron por otros para que la vieja ley pueda encajar y seguir vigente. No hay que olvidar que era ésta la ley en la que las Fuerzas Armadas se repartían la administración de los medios públicos entre sus divisiones. Vale recordar, además, que respondía a la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional.

Ahora, en la democracia burguesa, es el capital privado representativo de un solo sector el que tiene el control casi total de las licencias de radiodifusión. Grandes grupos con variedad de licencias de todo tipo, que están presentes en todas las áreas y que terminan usando a los clientes como consumidores y no como público receptor y heterogéneo.

Por otro lado, los medios públicos quedan siempre como herramienta del Gobierno de turno y no como un bien estatal que debería ser plural y servir a la población en su totalidad.Es por esto que la Coalición por una Radiodifusión Democrática propone en los puntos once y doce distribuir las licencias entre diferentes sectores como Estado, capital privado y sociedades civiles sin fines de lucro, para garantizar la expresión de todos los sectores sin discriminación alguna. Por eso, actores como las Fuerzas Armadas o funcionarios del Gobierno, son dejados de lado en esta distribución y para poder expresarse deberán hacerlo dentro del marco democrático propuesto.
El Gobierno, por su lado, tomó como disparador estos veintiún puntos que la Coalición propuso y ya está estudiando las claves para iniciar la reforma. Si respeta, al menos, la mitad de ellos, complicaría bastante a varios grupos multimediáticos que hoy se alinean de acuerdo a los intereses empresariales de turno. También es cierto que el oficialismo busca reemplazar la ley de acuerdo a intereses propios. Uno de los factores que hizo cobrar fuerza a la reforma es el modo que algunos medios utilizaron el conflicto con la burguesía agraria para tratar cierta información generando en la población una opinión poco favorable para el Gobierno.

Aunque la oposición tampoco se quedó atrás y afirma que esta intención del oficialismo por reformar la ley en este contexto, es una extorsión a los poseedores de las licencias. A partir de esto, buscan impulsar, una alternativa propia e instalar el debate en los sectores menos politizados. Algo que será difícil, es proponer puntos discordantes a los de la Coalición, ya que valga la redundancia, es una propuesta acordada pluralmente entre los más diversos sectores políticos y sociales.

Quienes critican la reforma, sorpresivamente, no son más que quienes entrarían en incumplimiento (aunque ya de por sí lo estén con la ley vigente). No es raro que Clarín saque artículos en los que la define como intentos de controlar a la prensa y privarla de su supuesta libre expresión. Si vemos un poco más allá, el Grupo Clarín es propietario de numerosas licencias tanto de radio como de televisión a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, por lo que estaría bastante comprometido ante una eventual alteración.

Además, hay que recalcar que la actual concesión de licencias está lejos de ser democrática y no resulta raro que los medios siempre están en las mismas manos de siempre. Para que todos quienes deseen participar en la radiodifusión activamente y deseen que se les otorgue una licencia, es necesario una reforma de la ley, y sobretodo, hacer énfasis en medidas antimonopólicas. Los medios de radiodifusión son del Estado, es decir, de todos nosotros y por eso no deben estar concentrados en un oligopolio.

Hay que tener en cuenta las declaraciones de la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana, la UNESCO, entre otras de igual importancia que afirman que la libertad de expresión, acceso a la información, la importancia de los medios comunitarios en la sociedad, el pluralismo informativo y la diversidad cultural son cuestiones elementales en los asuntos de DDHH. Entonces, actores sociales como las organizaciones no gubernamentales, sociedades sin fines de lucro y agrupaciones comunales, no pueden ser obviadas a la hora de repartir licencias.

Por todo esto, resulta más que importante para terminar de consolidar de una buena vez una democracia propiamente dicha, impulsar una reforma y participar activamente en el debate. Es indispensable repartir el control de estos medios a todos quienes cumplan un papel clave en la sociedad actual, como lo son el Estado, las organizaciones sin fines de lucro, pero más importante: el pueblo en su conjunto. Pero para garantizar todos estos derechos, es necesario hacer cumplir la ley, porque sin eso, sería igual de obsoleta y vergonzosa que la vigente.